El juez Manuel García-Castellón ha decretado el procesamiento de trece miembros del autodenominado Comité de Defensa de la República (CDR). Están acusados de pertenecer a una supuesta organización terrorista. Además, 9 de esos procesados están también acusados de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista.
El juez les acusa de organizar acciones violentas en el aniversario del referéndum del 1 de octubre, en las que serían una de "las acciones más contundentes" que hayan realizado los CDR, que supuestamente habrían planeado la ocupación del Parlament de Cataluña.
Además, según fuentes judiciales, preparaban atentados contra otros enclaves de Barcelona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Comandancia provincial de la Guardia Civil o la Delegación del Gobierno, entre otros edificios.
Este grupo, minoritario dentro de los CDR, es especialmente radical y tenían como objetivo alcanzar la independencia de Cataluña de forma extremadamente violenta. Además, el juez considera que este grupo formaba parte de la ERT, el Equipo de Respuesta Táctica, un grupúsculo extremista dentro de los propios CDR.
También planeaban acciones como el levantamiento de las barreras de los peajes, cortes de carretera, atacar torres de alta tensión e incluso gasolineras de Repsol y el centro logístico de Amazon en Martorelles (Barcelona).
"Habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares", sostiene el juez.
Las penas por terrorismo y tenencia de explosivos
Los treces procesados lo están por pertenecer a una organización terrorista (los CDR), que según el Código Penal está castigado con pena de cárcel de 6 a 12 años. Además, 9 de los procesados lo están también por tenencia de explosivos, que está penado con con entre .
Con esto, los acusados pueden enfrentarse a hasta 29 años de prisión. De momento, el juez los mantiene a todos en libertad provisional bajo una fianza de mil euros a cada uno de los implicados.
¿Estará este asunto mañana en la mesa de diálogo?
La noticia ha saltado este mediodía, a unas horas de que se celebre en Barcelona la reunión bilateral de negociación entre el Ejecutivo y el Govern. Una reunión que ya viene bastante tensa entre ambos gobiernos... y dentro de la propia Generalitat. La relación entre Madrid y Barcelona es complicada después de que Moncloa cancelara la inversión millonaria en El Prat.
Además, la propia reunión de mañana ha abierto una grave crisis dentro de la Generalitat: tanto ERC como JxCat iban a proponer sus nombres para asistir a la reunión, pero el 'president' Pere Aragonès (de Esquerra) ha vetado los propuestos por Junts al no pertenecer al Gobierno catalán, tal y como pactaron. El partido de Puigdemont ha anuncio que no irá a la convocatoria de mañana y que no modificarán su delegación propuesta.
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